Posible inconstitucionalidad recortes salariales

En la reunión convocada esta mañana, la Secretaria General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO Huesca, Encarna Jordán de Pablo, ha mostrado su esperanza por la reciente Providencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que plantea una posible inconstitucionalidad de los recortes salariales. Se trata del primer paso en el camino que hemos emprendido desde CCOO para conseguir que los empleados públicos no perdamos poder adquisitivo y se valore nuestra labor.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha abierto la vía procesal para elevar al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad del recorte salarial de las empleadas y empleados públicos que motivó la convocatoria de huelga del sector público del día 8 de junio.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado por unanimidad Providencia de 30 de septiembre, por la que concede plazo a las partes "para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad", en relación con algunas disposiciones de su ámbito jurisdiccional contenidas en el Real Decreto ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Las disposiciones citadas se encuentran referidas a la reducción salarial de las personas asalariadas en régimen laboral del sector público.
La Providencia, dictada en el curso del conflicto colectivo planteado a instancias de CCOO en el ámbito de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, avanza "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción de algunos de sus artículos por posible afectación del "contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva".
Esta Providencia, sin prejuzgar el sentido final del procedimiento, refuerza la posición defendida por nuestro sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los Convenios y Acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.
CCOO mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos de los asalariados del sector público, promoviendo las iniciativas necesarias para su extensión a cerca de 3.000.000 de personas, empleadas y empleados públicos.